Víctor Gamboa Arzola

Senadores de la República cuestionaron la calidad ética del auditor superior del estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, quién, de acuerdo a una solicitud de transparencia, no cuenta con el título académico de doctor, cómo se ostenta en su currículum.

El senador del PAN Mario Vazquez exigió la renuncia de este funcionario y señaló que es muy importante observar cómo mienten en un tema que es tan delicado, que es la ostentación de un esfuerzo que tiene que hacer un profesionista para obtener un título académico y no lo tienen.
“Qué calidad obtendrían sus observaciones, sus hallazgos, de quien preside esta función tan importante como es la auditoría y la revisión de las cuentas de los municipios y del estado. Qué calidad moral y qué calidad profesional pueden tener los resultados del trabajo de este señor, que no tiene ningún escrúpulo en autoadjudicarse un título académico que no le corresponde”, cuestionó el legislador panista.

“La mentira no puede ser el sello del servicio público. El servicio público debe ser abierto, limpio, sin mayor interés que el favorecer al bien común y a la población en México”, advirtió.
Mario Vázquez señaló que se trata de una falta grave que amerita el cese fulminante o la renuncia de este funcionario.

“Es una actitud también de autorreconocimiento, para que ellos mismos renuncien, si no se da el caso de que los den de baja en la función que ostentan. Que renuncien por dignidad sí es que les queda algo de dignidad y dejen que gente que esté preparada y que pueda acreditar sin mentiras su trayectoria profesional cumpla esas funciones”, recalcó.

“Si mienten en este tipo de situaciones, obviamente también mienten a la ciudadanía cuando informan o cuando señalan. Ya lo hemos observado, mienten cuando hacen su currículum vitae para obtener el cargo que ostentan. Le mienten a la gente pensando una parte de la gente que por su capacidad y su trayectoria académica tienen méritos para estar en la posición que ellos ostentan. Eso es muy lastimoso”, sostuvo.

Por su parte, el senador de Morena Emmanuel Reyes Carmona dijo que se trata de un problema económico y no “solo” ético, el que un funcionario se ostente con un grado que no tiene, porque distorsiona el mercado laboral público: se toman decisiones y se asignan puestos con base en credenciales falsas, se desplaza a perfiles competentes y se encarecen los costos de errores de política pública.

“Además, en algunos casos las exigencias de especialización, o comprobar experiencia o conocimiento en ciertas áreas están determinadas en la propia Constitución o en nuestras leyes secundarias. Cuando esto sucede, en ocasiones, se infringen nuestras propias normas”, explicó.
Sostuvo que en el caso particular del auditor de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, “quien ha rechazado recibir oficios y solicitudes formales de la Unidad de Vigilancia del Congreso, que funge como órgano interno de control de la Auditoría Superior del Estado, se presume que no sólo tiene personal adscrito a él que no ostenta el cargo que tiene, sino que literalmente son inexistentes o simples aviadores”, denunció.

Recordó que el diputado de su partido Alberto Alfaro calificó la actitud del auditor como una afrenta al congreso y a la sociedad.

El senador Emmanuel Reyes propuso, para evitar este tipo de casos, la verificación obligatoria y pública de título y cédula en el Registro de Profesiones antes de cualquier nombramiento; sanciones administrativas y penales claras por ostentación indebida o uso de documentos falsos con inhabilitación para cargos; y auditorías periódicas de credenciales en los tres órdenes de gobierno.

“Me pronuncio porque ningún nombramiento de alta responsabilidad avance sin la constancia pública de cédula y sin comprobación documental, y si hay rectificaciones que quede en actas de aclaración y se transparenten fechas para evitar dudas.

“A la ciudadanía le invito a que exijamos evidencia verificable. El Estado y los servidores públicos tenemos la obligación de poner a la vista los registros, porque si no, y de otra manera, cómo pueden confiar en nosotros. Tienen el derecho a saber quiénes estamos tomando decisiones sobre sus recursos, seguridad o salud. No es un tema partidista, se trata de la integridad institucional”, puntualizó.